Mendoza abre un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas con tarjetas y préstamos
El procedimiento, a cargo de Defensa del Consumidor, exige que los compromisos financieros superen el 30% de los ingresos del hogar y fija topes de capital y exclusions para las distintas deudas a reestructurar.
En Mendoza ya funciona un mecanismo de conciliación gratuita orientado a que las familias renegocien sobre créditos personales, financiaciones de compras y plásticos cuando los vencimientos comprometen una porción significativa del ingreso familiar. La Provincia lo inscribió como una instancia de articulación entre deudores y acreedores, sin que ello implique una quita automática ni la imposición de condiciones a las entidades financieras.
Vamos a los números: el procedimiento se activa cuando los compromisos financieros superan el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo conviviente. En hogares que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, ese umbral desciende al 25%. Entre los casos alcanzados se cuentan familias con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales.
Cuáles son los topes y qué deudas quedan afuera
- El capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.
- Quedan excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias y las multas y sanciones de carácter penal.
- También quedan fuera del procedimiento los pasivos empresariales o comerciales que no estén vinculados al consumo familiar.
- Ingresan préstamos personales, financiamiento de compras, tarjetas de crédito y líneas de plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
La persona que inicia el trámite debe tener domicilio real en la Provincia y ser consumidora final, además de atravesar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El requerimiento inicial se realiza ante la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde se deben detallar los acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor, por su parte, convoca a las entidades acreedoras, que cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para informar su postura.
Comparado con la etapa anterior a la puesta en funcionamiento de esta herramienta, el consumidor mendocino dispone ahora de un canal formal y sin costo para plantear una reestructuración. En relación con igual período del año pasado, la novedad radica en la inclusión de plataformas digitales y de mutuales dentro del alcance, lo que amplía el universo de deudas susceptibles de ser renegociadas mediante esta vía.
Qué alternativas pueden discutirse en la mesa de negociación
- Extensión de los plazos originalmente pactados para cancelar la obligación.
- Planes de pago en cuotas adaptados a la capacidad de pago del hogar.
- Eliminación o reducción de intereses punitorios y cargos por mora, siempre que el acreedor lo acepte.
Cualquier cambio en las condiciones originales requiere un acuerdo entre las partes. La Provincia no tiene facultades para imponer quitas, refinanciaciones ni esperas de manera unilateral, por lo que el resultado depende de la voluntad de cada entidad de aceptar la propuesta surgida de la conciliación. En los próximos reportes, conviene seguir de cerca la cantidad de audiencias abiertas, el porcentaje de acuerdos alcanzados y el grado de adhesión de bancos, plataformas y mutuales, indicadores que permitirán dimensionar el alcance efectivo del mecanismo en la cartera de consumo mendocina.
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