Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario por una causa que une lavado, narcotráfico y dinero de Cataluña

Qué, dónde y cuándo: cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que investiga lavado de dinero y narcotráfico. La investigación se tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 2, y reúne aportes del Ministerio Público Fiscal de España a través de la cooperación internacional.

La acusación sostiene que entre 2004 y 2020 la terminal portuaria funcionó como una pantalla para incorporar al circuito legal fondos de dos orígenes: sobornos cobrados en España vinculados a la familia Pujol, y ganancias del tráfico de cocaína en Rosario. El expediente describe un mecanismo en tres pasos que permitió transformar dinero ilícito en activos lícitos y, luego, repatriar parte de esas ganancias al exterior.

El eje de la imputación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según la sentencia, Shanahan operó desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, donde proveyó dólares para la compra de cocaína.

Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego. Esa condena previa no se había cumplido en forma efectiva, lo que ahora motivó el pedido de detención inmediata en el marco de la nueva causa por lavado.

La conexión con Cataluña

El expediente agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros transferidos por una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i Soley. El dinero llegó a una sociedad local que, a su vez, lo utilizó para financiar el crecimiento de la concesionaria del puerto.

La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró que el patrimonio acumulado por el clan Pujol tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas. Esa resolución extranjera es la que dio sustento probatorio a los fiscales argentinos para sostener que los euros ingresados al puerto tenían origen ilícito.

El esquema en tres pasos

• Ingreso disfrazado: el dinero de origen ilícito entraba al puerto bajo la apariencia de inversión societaria, por medio de sociedades locales y offshore vinculadas a la familia Pujol.
• Transformación del activo: entre 2010 y 2012, el paquete accionario de TPR se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador; lo que había entrado como inversión salía como precio de venta, lavado en el balance.
• Repatriación al exterior: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato. Según la investigación, la operatoria se repitió de manera sistemática con el único fin de simular operaciones financieras y dificultar el rastreo del dinero.

Embargo y próximos pasos

El pedido de los fiscales incluye un embargo sobre los bienes de los imputados por alrededor de 100 millones de dólares, monto que, según el Ministerio Público Fiscal, equivale al volumen de fondos que habrían circulado por la estructura durante casi 16 años. La medida alcanza a sociedades vinculadas, cuentas bancarias y propiedades registradas a nombre de los principales acusados.

La causa se encuentra en etapa de instrucción. El próximo paso judicial será la resolución del juez federal sobre los pedidos de detención y los allanamientos solicitados por los cinco fiscales que impulsan la investigación, en paralelo con el avance del exhorto internacional con España para ampliar la prueba documental sobre el patrimonio del clan Pujol.