Un enfermero de Rosario, condenado a cuatro años y medio por vender fentanilo y otras drogas hospitalarias

Qué. Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario, Luis Benavídez, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber sustraído medicamentos de uso hospitalario, entre ellos fentanilo, y haberlos comercializado por redes sociales con fines recreativos.

Dónde y cuándo. La audiencia de homologación del acuerdo se realizó el 4 de septiembre ante el Juzgado Federal de Garantías a cargo de Carlos Vera Barros, en Rosario, aunque la información aportada no precisa el año de la audiencia. La muerte que dio origen a la pesquisa se produjo el 9 de agosto de 2023.

La pena y los delitos acreditados

Además de la pena de prisión, el fallo incluyó una inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según lo que pudo reconstruir este medio. La condena abarcó cuatro figuras: comercio de estupefacientes por la venta de fentanilo, comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo por bromuro de vecuronio, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, este último vinculado a una pistola secuestrada durante uno de los allanamientos.

El acuerdo entre la fiscalía y la defensa fue homologado por el juez federal, instancia en la cual Benavídez reconoció los hechos, su intervención, las pruebas reunidas por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada. Esa mecánica procesal corresponde a la figura de juicio abreviado pleno prevista en la legislación federal.

El origen de la investigación

La pesquisa se abrió a partir de la denuncia del padre de un hombre de 37 años hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El hombre había concurrido a la Unidad Fiscal Rosario con el teléfono y documentación de su hijo, y relató que éste consumía fentanilo y otras sustancias que le compraba a un enfermero. El análisis de conversaciones y mensajes de audio extraídos de ese celular permitió establecer que Benavídez ofrecía sustancias de uso hospitalario y coordinaba su entrega. Las obtenía, según la acusación, del establecimiento en el que se desempeñaba desde 2014.

La causa penal iniciada en la justicia provincial por la muerte del consumidor fue archivada. La autopsia no logró determinar la causa del deceso y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio, por lo que, si bien no se descartó un origen toxicológico, el resultado no permitió atribuir el fallecimiento a una sustancia específica.

Próximo paso judicial

Con la homologación del acuerdo, la condena quedó firme en primera instancia. El siguiente paso procesal es el cumplimiento de la pena de prisión efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal y el registro de la inhabilitación profesional y para cargos públicos por cuatro años y seis meses, plazo que regirá a partir de que el fallo adquiera ejecutoriedad.