Un proyecto del Congreso redefine el tratamiento fiscal de los CEDEARs y habilita la venta de plazos fijos antes del vencimiento

Una fecha precisa marca el inicio de uno de los cambios que contempla el proyecto ingresado al Congreso: los CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 dejarían de estar exentos del impuesto a las Ganancias por la diferencia entre el precio de compra y el de venta.

Qué cambia en los CEDEARs

Hasta ahora, la ganancia generada en la compraventa de estos certificados, que permiten invertir en acciones de empresas que cotizan en mercados extranjeros, no tributaba el gravamen. Con el nuevo esquema, esa diferencia pasaría a tributar siempre que el activo subyacente tampoco esté exento cuando se adquiere de manera directa. Las tenencias previas a la fecha indicada no resultarían alcanzadas, y los dividendos del exterior, que ya se encontraban gravados, no sufren modificaciones.

Plazos fijos negociables en el mercado

El segundo eje de la reforma apunta a los depósitos a un año o más. Quien constituya un plazo fijo a 365 días, o a un plazo mayor que fije el Banco Central, recibiría un certificado con posibilidad de negociarse en Bolsa. Si el titular necesita fondos antes del vencimiento, podría venderlo a otro inversor. El procedimiento no equivale a una precancelación: el precio se forma en el mercado y puede quedar por encima o por debajo del capital originalmente depositado.

En ese sentido, el texto presenta el mecanismo como una herramienta de liquidez y no como una garantía de recuperar lo invertido, un matiz que resulta central para el ahorrista que evalúe esta alternativa.

Anticipo de cobros para comercios

La propuesta también crea una vía para que los comercios adelanten el cobro de ventas con tarjeta. Cada operación autorizada generaría un título electrónico que el negocio podría vender en mercados regulados para recibir los fondos antes de la acreditación habitual. El costo se expresaría como un descuento sobre el monto, en línea con los servicios de anticipo existentes, aunque con una mayor cantidad de competidores. El objetivo declarado es facilitar el acceso del comercio pequeño a mejores condiciones.

Para que el conjunto entre en vigor, el paquete requiere aprobación del Congreso. Algunas disposiciones podrían aplicarse de inmediato tras la promulgación, mientras que otras contemplan plazos de implementación de hasta 360 días.