Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de 77 años, por el delito de lavado de activos, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida fue adoptada en el marco de una investigación por operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, según la hipótesis fiscal, provendría de la explotación sexual de mujeres.

La causa se tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 1, a cargo de Servini, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 6. El expediente tuvo su inicio el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima recibida en el Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

El planteo de la defensa y la respuesta del juzgado

Durante la etapa de instrucción, Martins se negó a responder preguntas en la audiencia de declaración indagatoria y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones que le atribuían —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, anteriores al período de explotación sexual que la propia causa habría tenido por acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, afirmó que el antecedente penal firme se reducía al local de Villa General Mitre y que las acusaciones referidas a otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Al resolver, Servini rechazó ese planteo. La magistrada consideró que la existencia de una sociedad constituida con anterioridad al delito investigado no impedía que fuera utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. Por esa razón, concluyó que la fecha de creación de las empresas no alcanzaba para descartar las maniobras bajo análisis.

La estructura societaria y el control de los bienes

En la resolución, la jueza evaluó de manera conjunta la intervención de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración otorgados y la participación de familiares del encausado. Según su análisis, Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final de los activos.

Con esos elementos, Servini entendió reunidos los requisitos para dictar el procesamiento con prisión preventiva, decisión que mantiene al investigado detenido y que habilita a la fiscalía a continuar con la producción de prueba en dirección a un eventual juicio oral. El embargo de 300 millones de pesos tiene por objetivo asegurar el eventual decomiso de bienes y el pago de costas y eventuales indemnizaciones.

Próximo paso judicial

Con el procesamiento firme en esta instancia, la investigación avanza hacia la etapa intermedia, en la cual la Fiscalía Federal N.º 6 deberá solicitar la elevación a juicio. En paralelo, la defensa de Martins podrá cuestionar la resolución mediante los recursos previstos en el Código Procesal Penal de la Nación. El expediente conserva el carácter de reservado, dado que se encuentra vinculado con hechos vinculados a la explotación sexual y al delito de lavado de activos.