Trasladan a más de mil internos de Devoto a Marcos Paz y crece la denuncia por la falta de pertenencias

El operativo de traslado de internos desde el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, conocido como Unidad 1, hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz acumula más de 1.050 detenidos reubicados, equivalentes a cerca del 60 por ciento de una población que el establecimiento alojaba en torno a las 1.500 personas, según cifras recabadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El proceso, que se ejecuta desde la semana pasada bajo la carátula de reorganización del sistema federal, provocó un inédito vallado perimetral en el barrio porteño de Devoto, donde los vecinos deben acreditarse para ingresar a sus domicilios y sortear cortes de tránsito.

El ritmo de vaciamiento se mantuvo durante toda la semana. El lunes fueron reubicados los pabellones externos 50 y 52, mientras que el martes partieron nueve cápsulas adicionales hacia Marcos Paz. Una cápsula es el operativo conjunto de traslado, integrado por camionetas y micros escoltados por la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad. El cronograma oficial prevé completar la mudanza en los próximos días, aunque las autoridades del SPF no confirmaron la fecha de cierre del dispositivo.

Logística oficial y denuncia de los defensores

El Servicio Penitenciario Federal difundió que la operatoria contempló la confección de 3.000 bolsones precintados para efectos personales, monitoreo satelital por GPS en los vehículos, triaje médico previo, identificación de cada interno con pulseras con código QR, la instalación de 224 teléfonos públicos en el complejo de destino y la apertura de un canal de consultas vía WhatsApp. No obstante, internos y abogados defensores reportaron, en las últimas 48 horas, que esos bolsones no fueron entregados a sus destinatarios en Marcos Paz, lo que derivó en faltantes de ropa, elementos de higiene y abrigo en el nuevo establecimiento.

Al menos el sector AC1 de la Unidad 1 de Devoto organizó una huelga de hambre como medida de presión para que se regularice la entrega de pertenencias. En paralelo, los detenidos que estaban en el pabellón externo 50, bajo régimen de semilibertad, vieron suspendidos transitoriamente esos beneficios, que quedaron pendientes de revisión una vez completado el operativo. La defensora Patricia Croitoru, patrocinante de Eduardo Vásquez, uno de los internos trasladados el domingo, sostuvo que su cliente no tiene ni una foto ni una frazada, y agregó que el SPF se comprometió a compensar las visitas con mayor tiempo una vez finalizado el dispositivo.

“Mi cliente no tiene ni una foto ni una frazada; el Servicio Penitenciario Federal prometió compensar las visitas con más tiempo una vez que termine el operativo.”Patricia Croitoru, defensora de Eduardo Vásquez

Carátula judicial y composición de la población

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal a cargo de Santiago Bignone, que el lunes por la noche rechazó un habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el que se requería el dictado de garantías concretas para los traslados. La causa, según pudo reconstruir este portal, no se encuentra aún en etapa de juicio oral y mantiene abierto el debate sobre la cobertura del derecho de defensa durante el operativo.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) con corte a diciembre de 2024, el 61,5 por ciento de los internos de Devoto estaba procesado y el 38,5 por ciento condenado, con edades comprendidas entre los 21 y los 70 años y un promedio cercano a los 35 años. La distribución por tipo de delito y por nacionalidad, que también releva el SNEEP, no fue difundida oficialmente para este operativo.

En tanto, la Procuración Penitenciaria de la Nación y los abogados particulares se aprestaban a presentar nuevas presentaciones para que la Justicia ordene la entrega inmediata de las pertenencias y la restitución de los beneficios de salidas transitorias a quienes se encontraban en el régimen de semilibertad. El próximo paso judicial lo dará el Juzgado de Ejecución Penal, que deberá expedirse sobre eventuales recursos y definir el cronograma definitivo del vaciamiento.