La Justicia chaqueña decretó la quiebra de Carsa y la caída arrastra a la histórica cadena Musimundo

El 2 de septiembre de 2026 quedó formalmente inscripto en los registros del Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia el decreto de quiebra de Carsa S.A., la sociedad que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo, una resolución que el magistrado firmó tras revocar la apertura del concurso preventivo que la propia compañía había obtenido apenas dos meses antes, en julio pasado, con el propósito declarado de reorganizar sus obligaciones financieras y sostener la operación de sus puntos de venta distribuidos a lo largo del territorio argentino.

La decisión judicial se apoyó en la constatación de lo que la ley califica como hechos reveladores del estado de cesación de pagos, figura prevista en el artículo 79, inciso 4° de la Ley de Concursos y Quiebras, y el tribunal concluyó en que resultaba inviable mantener abierto el proceso concursal toda vez que la firma arrastraba un pasivo concursal de 63.500 millones de pesos, había cerrado veinte sucursales en el nordeste argentino y no había podido cerrar la venta de 45 locales a otro operador del rubro, variables que en su conjunto configuraron el cuadro de ineficiencia patrimonial que justificó el dictado de la quiebra.

Un deterioro que se arrastraba desde el nordeste

El retroceso operativo de Musimundo se hizo especialmente visible en el nordeste del país, donde la cadena procedió al cierre de veinte sucursales las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, locales que la propia empresa caracterizó como puntos duplicados dentro de plazas donde la marca contaba con más de un establecimiento, y que, según allegados a la sociedad, dejaron a más de cien empleados sin su puesto de trabajo, una dinámica que ya anticipaba la crisis que terminaría formalizándose en los tribunales chaqueños.

En las semanas previas a la presentación concursal, el directorio de Carsa mantuvo negociaciones avanzadas con los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone, para transferirle un paquete de 45 sucursales en distintos puntos del país, una operación que finalmente no prosperó y que la compañía reconoció como determinante para profundizar el cuadro de iliquidez, razón por la cual el 26 de agosto el directorio aprobó un plan de reducción de estructura que la sindicatura evaluó antes del dictado de la quiebra.

Una deuda concursal de 63.500 millones de pesos

La magnitud del pasivo acumulado por Carsa quedó plasmada en el expediente con un monto concursal de 63.500 millones de pesos, una cifra que a fines de mayo de 2026 se componía, en lo que respecta a pasivos bancarios, de aproximadamente 3.060 millones de pesos, de los cuales unos 1.549 millones correspondían al Banco de la Nación Argentina como principal acreedor individual, una exposición que da cuenta del peso que el sistema financiero mantuvo sobre la compañía hasta el momento mismo del decreto de quiebra y que configura uno de los capítulos más sensibles del proceso en lo que respecta a la verificación de créditos.

No se trata, cabe subrayarlo, de la primera vez que la sociedad atraviesa una instancia de estas características, dado que en 2018 ya había recurrido al concurso de acreedores con una deuda declarada de 900 millones de pesos, un antecedente que varios analistas del sector citan como evidencia de que las dificultades financieras de la firma eran de carácter estructural y no meramente coyuntural, y que el intento de julio pasado de 2026 constituyó una reedición de la misma estrategia bajo una escala de pasivos muy superior a la de aquella oportunidad.

Los pasos procesales que vienen

• El expediente fue recaratulado como CARSA S.A. s/ Quiebra, en línea con el nuevo estadio procesal abierto por la resolución del 2 de septiembre.
• La sindicatura a cargo del Estudio Contable Benítez continuará interviniendo en el proceso, en el mismo rol que venía cumpliendo durante la etapa concursal.
• Los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026, fecha que oficia de plazo fatal para quienes pretendan hacer valer sus acreencias.
• El informe individual que debe elaborar la sindicatura quedó previsto para el 30 de marzo de 2027.
• El informe general, pieza clave del proceso porque permite al juez conformar el pasivo concursal verificado, se espera para el 25 de junio de 2027.

Cabe recordar que Musimundo es una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia histórica en el país y un referente del comercio minorista de artículos para el hogar en ciudades de todo el territorio nacional, por lo cual la novedad de la quiebra tiene repercusiones que exceden a la sociedad controlante e impactan sobre proveedores, trabajadores, consumidores con garantías vigentes y, en términos más amplios, sobre un segmento del comercio electrónico y presencial de productos electrónicos y para el hogar que ha visto en los últimos años un proceso de fuerte concentración y recambio de marcas en la Argentina.