Indagatoria de la socia de la concesionaria de Pilar: apuntó contra deudores por dos millones de dólares y mencionó a un DJ y a un diputado entre los morosos
Cynthia Chamoles prestó declaración ante el fiscal Andrés Quintana y aseguró que el incumplimiento en las entregas se debió a clientes que dejaron de pagar vehículos financiados. La causa registra al menos 35 damnificados, entre ellos un diputado nacional y el hermano del ex capitán de Los Pumas.
Qué. Cynthia Chamoles, de 44 años, socia y pareja de Carlos González, de 43, titular de la concesionaria Autos Pilar Premium, prestó declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en estafas del Departamento Judicial de Pilar, en el marco de la causa que investiga una presunta estafa con venta de vehículos de alta gama.
Dónde y cuándo. La audiencia se realizó en sede fiscal, en la ciudad de Pilar, días después de que ambos fueran detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el mismo partido bonaerense del noroeste del conurbano.
En su declaración, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje financiero y sostuvo que clientes que habían adquirido vehículos mediante financiamiento dejaron de pagar en el último período, lo que habría impedido cumplir con las entregas pactadas.
Las deudas que mencionó y el DJ bajo reserva
La indagante afirmó que la concesionaria conserva pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y que el total de deudas a cobrar ascendería a unos dos millones de dólares. Identificó como deudores a varios compradores morosos y mencionó especialmente a un disc jockey de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial.
“Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó.”Cynthia Chamoles, en su declaración indagatoria ante el fiscal Andrés Quintana
Los damnificados y los vehículos comprometidos
En el expediente figuran al menos 35 personas denunciantes. Entre los casos identificados por la pesquisa se cuentan los siguientes:
- Un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad está reservada, al que se le habría entregado una Land Rover Evoque con una deuda de 120.000 dólares.
- Una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación fue señalada como clave para recuperar liquidez.
- Joaquín Pichot, hermano del ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin percibir el producido de la venta.
- El diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia abonó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo.
La versión de González: un descalce de seis millones de dólares
Por su parte, Carlos González describió en su propia indagatoria un descalce financiero estimado en seis millones de dólares. Contó que la empresa creció desde un primer local en el Shopping Champagnat, en la localidad de Pilar, hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, llegando a vender unos cien vehículos por mes.
El titular de la concesionaria atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Según su relato, el juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y lo procesó por desobediencia. González sostuvo que ese antecedente fue determinante para la caída de la firma.
Próximo paso judicial
La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, mantiene a Chamoles y a González detenidos y a disposición de la fiscalía, que deberá resolver en los próximos días su situación procesal y avanzar con las pericias sobre los vehículos secuestrados, los contratos de venta, los pagarés firmados y el flujo de fondos de Autos Pilar Premium, para determinar la eventual configuración del delito de estafa y la responsabilidad penal de los acusados.
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