En un movimiento sin precedentes, el gobierno ha otorgado autoridad al Ejército y la Armada para detener a civiles en la frontera norte del país. Esta medida viene en respuesta a las crecientes tensiones y desafíos de seguridad en la región.

La decisión ha suscitado un debate acalorado entre los defensores de los derechos humanos y los defensores de la seguridad nacional. Algunos temen que este poder adicional pueda ser mal utilizado, mientras que otros lo ven como una herramienta necesaria para mantener la seguridad en la frontera. Sin embargo, es crucial destacar que cualquier detención realizada por el Ejército o la Armada debe ajustarse a las leyes existentes y los derechos humanos.

El gobierno ha enfatizado que esta medida tiene la intención de fortalecer la seguridad en la frontera y no es un intento de militarizar la región. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad que temen un posible abuso de poder. La transparencia y la rendición de cuentas serán cruciales para garantizar que estas nuevas facultades se utilicen de manera justa y adecuada.