El conflicto se adueñó de la Cuenca del Golfo San Jorge. La paz social que caracterizó a la región pende de un hilo después de conocerse que Halliburton no daría marcha atrás con los 290 telegramas de despidos que envió el martes debido a no poder hacer rentable sus operaciones en el convencional.

Los despidos fueron divididos entre 160 trabajadores convencionales y 130 jerárquicos. Un aspecto que preocupó a los operarios es que la base de operaciones ubicada en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia estaba cerrada con candados. Esto llevó al gremio de petroleros convencionales a realizar la denuncia en la Secretaría de Trabajo.

El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut considera que los despidos están injustificados por lo que se solicitó que los telegramas queden sin efecto. Sin embargo, la empresa de servicio ratificó la medida tomada. En tanto, la Secretaría de Trabajo dictó conciliación obligatoria para evitar que se ponga en juego la paz social.

La primera audiencia de conciliación se llevó a cabo este viernes con una gran cantidad de trabajadores que se movilizaron por la sede de la cartera laboral en Comodoro Rivadavia.

Una decisión sin marcha atrás
“No van a haber marcha de atrás con los despidos, es lo que anunciaron, y nosotros lo vemos bien. Si nos quieren laburar en la Cuenca, de última nosotros nos podemos encargar de que no vuelvan nunca más, porque ellos creen que pueden ir y venir”, aseguró Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados.

“Nosotros dejamos todo por el final de la conciliación. Si en el medio nos llaman, nosotros estamos dispuestos a escuchar. Si quieren hablar con los delegados, están a 24 horas de disponibilidad para hablar con la gente. Así que no hay ningún problema. Nosotros no tenemos ningún problema”, subrayó.

Conflicto en el convencional
Antes de la audiencia en sede de la Secretaría de Trabajo, el gremio de petroleros convencionales realizó una asamblea para explicar los detalles del conflicto y fijó una posición para que nadie se quede sin su fuente de trabajo. Asimismo, puso una fecha límite.

“El sindicato lo que quiere es que es que reincorporen a la gente. Nosotros le pusimos fecha para poder cerrar el expediente de este conflicto: el 20 de marzo. Nosotros tenemos garantía de laburo, no le vamos a tener miedo a esto porque siempre va a pasar, siempre las empresas multinacionales vienen y se van al otro día, a nosotros ya nos ha pasado con varias, pero siempre hemos arreglado los problemas”, consideró.

En este sentido, Ávila adelantó que podría existir otro conflicto en puerta con la compañía Etap y que se podría avanzar también en su expulsión de la provincia. “Todas las empresas que despidan gente por estos conflictos van a quedar afuera de la provincia. Un caso similar puede pasar con Etap porque si no arregla con la gente, se va a tener que ir”, advirtió.

“Vayan haciéndose una idea del nivel de conflicto que puede llegar a haber en la región”, consideró el dirigente gremial.