En el diagnóstico, detalle más o menos, hay coincidencia: la situación de las personas privadas de su libertad en las comisarías es insostenible. Hay más de 140 amontonadas en un espacio para 40; colchones tirados junto a letrinas; presos que hace un año no ven la luz del sol; sin acceso a la salud; la buena alimentación ni la higiene. Incluso hay comisarías donde los contraventores, ciudadanos que ni siquiera cometieron delitos, por falta de espacio pasan horas encadenados a muebles dentro de oficinas. La solución es construir más cárceles, pero desde hace años que eso no sucede.

Miércoles y jueves se realizaron dos audiencias, de más de 3 horas cada una, porque el Ministerio Público de la Defensa inició una acción de hábeas corpus colectivo, acompañado por abogados particulares. Pidió al juez Juan Manuel Kees que fije un cupo en las comisarías, como ya se estableció judicialmente en las Unidades de Detención: si no hay egresos, no puede haber nuevos ingresos.

A las dos audiencias estuvo citado el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, pero no asistió ni justificó su ausencia. Se lo esperaba para que explicara el plan para salir de la crisis que, como explicó el juez, no es nueva pero tampoco se hizo nada en el último año para superarla.

A la hora en que se estaba desarrollando la audiencia, el gobernador Rolando Figueroa tuiteó una foto junto a Nicolini e informó que «estuvimos sobrevolando la zona más afectada por el fuego. Nuestro deber hoy es estar junto a los brigadistas para proveerlos de todo lo que esté a nuestro alcance para contener este incendio que hoy se encuentra avanzando».

Lo que se cuestionó es que Nicolini es un ciudadano con obligaciones ante la ley como cualquier otro (algo que conoce porque fue juez hasta diciembre del 2023), y que no justificó su inasistencia.

La resolución del juez
El juez resolvió declarar que «las condiciones de encierro que sufren las personas privadas de su libertad en comisarías afectan la dignidad, la salud, la educación, el derecho al trabajo de los detenidos y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante», tal como lo señalan la conclusiones de un informe elaborado por el Comité Contra la Tortura de Neuquén.

Kees ordenó a partir del mismo jueves «la prohibición de ingresar personas con prisión preventiva o condenados» a determinadas comisarías donde en la actualidad no hay ninguno, en previsión de que el gobierno vaya a habilitarlas, desbordado por la crisis. Son las número 4, 10, 13, 20, 21 y 52.

Eligió una fecha simbólica, el 4 de marzo -cuando se cumple un año de la vigencia de la ley de emergencia penitenciaria- para disponer que a partir de ese día el ministro Matías Nicolini tiene prohibido ingresar nuevos condenados a las comisarías.

La orden comprende «a las personas que estaban en libertad durante el proceso y fueron condenadas a prisión efectiva, así como a condenadas que cumplan pena en unidades carcelarias» y pretendan trasladarlas a comisarías.

También dispuso «ordenar al ministro de Seguridad que antes del 4 de septiembre, en el marco de las facultades que le otorga la ley de emergencia penitenciaria, adopte las medidas necesarias para reubicar a todas las personas condenadas que cumplen pena en comisarías de la Primera Circunscripción».

Son por lo menos 80 personas. Desde ese día, ninguna tendría que estar en comisarías. El razonamiento es: si quedan alojados en unidades de detención se cumplirá con la ley, con la progresividad de la pena, podrán ser evaluados, y recuperarán la libertad antes (dejarán un cupo) y en mejores condiciones.

«Lentitud» del Ejecutivo
El magistrado afirmó en su resolución que «hay cierta lentitud en la ejecución del dinero que tienen disponible. El Estado debe avanzar de manera más rápida» en la construcción de nuevas cárceles.

«No se pueden alegar dificultades financieras. No sólo porque casualmente el mapa de la provincia coincide con el mapa de Vaca Muerta, sino porque la ley de emergencia carcelaria habilitó al Poder Ejecutivo para que en el caso de que los recursos resultaran insuficientes, tomara un crédito, por una cantidad muy superior a la que han ejecutado».

Aludió a que el gobierno está autorizado a endeudarse en hasta 50 millones de dólares, y hasta ahora invirtió en materia carcelaria 2 millones de dólares.

El juez sugirió que para paliar la crisis «el Ejecutivo podrá contratar en forma directa módulos habitacionales como las petroleras e instalarlos como casa de pre-egreso, podrá modificar el cupo de la Unidad 11, verá qué decisión toma. Pero no podemos aceptar que sigan ingresando condenados a las comisarías».

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid dijo que pedirá una revisión de la decisión judicial.

Por el lado de la defensa, Raúl Caferra, Luciana Petraglia, José Maitini y Sol Pérez de León se manifestaron conformes.