El gobierno ha dejado claro que la Ley de Discapacidad será promulgada, pero su aplicación se pospondrá hasta que se establezcan las fuentes de financiamiento. Esta declaración ha generado diversas reacciones entre la población y los grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La decisión del gobierno ha sido criticada por aquellos que creen que es esencial garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el gobierno insiste en que es crucial tener un plan de financiamiento sólido antes de implementar la ley para garantizar su efectividad a largo plazo.

El retraso en la implementación de la ley ha generado preocupación entre los grupos de defensa de las personas con discapacidad y la población en general. Se espera que el gobierno revele pronto su plan para financiar la ley y calmar así las crecientes preocupaciones.

El debate sobre la financiación de la Ley de Discapacidad es de gran importancia para el país y sus ciudadanos. Este tema ha llevado a una discusión más amplia sobre cómo el gobierno financia y prioriza sus proyectos de ley y políticas.